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Denunciaron penalmente a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández

Un grupo de diputados nacionales y dirigentes políticos entre ellos Sabrina Ajmechet, Patricia Bullrich, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Gerardo Milman, Graciela Ocaña, Alberto Assef, María Luján Rey, denunciaron penalmente al presidente Alberto Fernández; a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al ministro del Interior Eduardo de Pedro; al ministro de Seguridad Aníbal Fernández, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; y a los referentes Luis D´Elia y Hebe de Bonafini. La misma recayó por sorteo en el juzgado federal 6 subrogado por Daniel Rafecas y la fiscalía 1 actualmente subrogada por Ramiro González.

Según la presentación, en algunos casos con condenas en primera instancia y otros en fase de juicio oral, “existe en la actualidad un plan coordinado para desbaratar las investigaciones, amedrentar jueces y fiscales y avanzar hacia la impunidad de Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus excolaboradores”.

Manifiestan los denunciantes que el plan comenzó con una campaña de desprestigio de las investigaciones a partir de considerárselas parte de un sistema de “lawfare”, conforme el cual presuntamente tales personas fueron involucradas en procesos penales como un modo de persecución política a través del sistema judicial, no obstante las confesiones brindadas en sede judicial por numerosos arrepentidos. Y una vez producido el cambio de Gobierno se materializó con la designación de personas vinculadas a las imputadas en tales casos en cargos públicos claves para entorpecer, inhibir o desbaratar las investigaciones penales y las decisiones judiciales.

Hacen un raconto de los funcionarios designados para ello entre los que mencionan a Carlos Zannini, Juan Martín Mena y Felix Crous, entre otros.

No obstante los esfuerzos mencionados desde que el actual Gobierno asumió el 10 de diciembre de 2019, “el plan de impunidad cobró particular gravedad con lo acontecido en el denominado ‘juicio Vialidad’, donde Cristina Fernández de Kirchner está imputada junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Abel Fatala y otros, por la conformación de una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado. Pese a que en ese proceso desistió del rol de querellante la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera pidió la absolución con argumentos totalmente banales, el 22 de agosto de 2022 la fiscalía representada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola formuló una acusación requiriendo la imposición de graves penas e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de la función pública contra Cristina Fernández de Kirchner, – 12 años de prisión – y el resto de los procesados».

Desde ese momento, «comenzó una campaña de amedrentamiento contra los jueces y fiscales a cargo de ese proceso y los otros seguidos contra Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros exfuncionarios, consistente en un doble juego mediático e institucional”, sostienen

«Por un lado, la imputada Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la Nación, utilizando las dependencias asignadas por y para el ejercicio de su cargo en el Senado de la Nación, además de las estructuras y personal de esa institución, lanzó una versión falsa del proceso a modo de proclama política que, junto con las manifestaciones del presidente de la Nación Alberto Fernández en redes sociales y en el canal de televisión ‘Todo Noticias’ el pasado 24 de agosto, y las de Wado de Pedro, Aníbal Fernández y Axel Kicillof , “tendieron a sembrar la idea de un proceso amañado y carente de entidad probatoria, imputando a un presunto ‘partido judicial’ la intención de proscribir a la primera de ellos para su gestión política”.

Refieren que al mismo tiempo se «promovió la acción de militantes en diversos actos, frente al domicilio de la vicepresidenta en la calle Juncal, desde el mismo 22 de agosto de 2022, frente al Congreso Nacional el día siguiente cuando ella emitió su ‘proclama’ contra el juicio, en la asunción del Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el mismo día 23 de agosto, y en las redes sociales la consigna: ‘Si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar’, lo que remite claramente a la idea de disturbios contra el orden institucional a partir del desconocimiento de las decisiones judiciales».

En ese contexto manifiestan que mientras desde un sector del oficialismo se instala “la falsa idea de que el juicio fue ilegal y la acusación carente de sustento probatorio, en otros sectores se instala la amenaza concreta de que no será aceptado en lo pendiente – la sentencia de la causa ‘Vialidad’ y los fallos pendientes en ‘Hotesur-Los Sauces’ y ‘Cuadernos’ – un resultado desfavorable a la actual vicepresidenta y que de producirse se promoverán disturbios contra el orden institucional”.

Como puede advertirse, “la fundamentada sospecha sobre una trama de encubrimiento y protección sobre los actos de corrupción que involucraron la gestión gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner y su antecesor Néstor Kirchner, violatoria de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, se corrobora en la ‘causa Vialidad’ a partir del desistimiento de la querella de la Oficina Anticorrupción, el pedido de absolución de la UIF y con los hechos antes descritos ocurridos desde el 22 de agosto de 2022, tendientes a presionar al Poder Judicial sobre el tenor de sus decisiones”.

A su vez, agregan los denunciantes que las expresiones vertidas por el presidente Alberto Fernández excedieron lo que podría entenderse como vertidas bajo el amparo de derecho a la libertad de expresión y «configuraron, sin duda, un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre otros Poder del Estado, como son el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal».

“Este avasallamiento sobre las instituciones de la República, estuvieron dirigidas a lograr la impunidad en las causas de corrupción que actualmente tramitan en la justicia federal contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios”.

Pero más allá de haber constituido una intromisión sobre las funciones de otros poderes independientes, entendemos que también constituyeron un delito, en efecto corresponde transcribir textualmente las manifestaciones que tuvieron por víctima al fiscal Diego Luciani a quien dejaron un claro mensaje intimidatorio al haber sostenido el presidente que: “… alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, miren hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani…”. Estas expresiones así vertidas, resultaron claramente intimidantes máxime viniendo de quien venían.

El encuadre jurídico de la denuncia

Las designaciones de los mencionados funcionarios Carlos Zannini, Félix Crous, Carlos Cruz y luego Juan Carlos Otero, Cristian Nissen, carentes de autonomía e imparcialidad en cargos relativos a la persecución de la corrupción es expresamente violatoria de los arts. 3, 6 y 11 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ya vertidos precedentemente, y, por ende, ante tan claro mandato normativo se encuentran tipificadas en cada caso en el art. 248 del Código Penal y se encuadran también en el art. 277 inc. 1, puntos a y c, con las agravantes de su inc. 3, puntos a y d, del Código Penal.

Los hechos tendientes a amedrentar y presionar a los órganos jurisdiccionales que deben expedirse en las causas pendientes especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos corresponde subsumirlos en la figura de amenaza agravada prevista en el art. 149 ter inc. 2 a),. 209, 212, 241 inc. 2 y 230 inc. 2 del Código Penal.

Teniendo en cuenta los sujetos hacia quienes estuvo dirigida la amenaza coactiva, entendemos que corresponde adecuar la conducta en la figura agravada que prevé el art.149 ter inciso 2º a), en tanto establece que en el caso del último apartado del artículo anterior, la pena se agrava si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos.

Esto significa que para que se configure la agravante, el sujeto activo debe pretender obtener alguna medida o concesión por parte de un miembro de los poderes públicos –sujeto pasivo- y el término “medida” se refiere a todo tipo de resolución o disposición, como lo que se pretende lograr de los jueces que actualmente juzgan a la vicepresidente y otros ex funcionarios, para obtener un veredicto absolutorio en la causa de corrupción de la obra pública.

El uso ilegítimo de los bienes estatales, en este caso instalaciones, sets de filmación y personal del Senado de la Nación para un fin particular, constituye el delito previsto en el art. 261 del Código Penal.

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