El abogado de Cristina Kirchner dijo que la Justicia busca proscribirla

Luego del alegato que realizó el fiscal, Diego Luciani, en la causa «Vialidad», el abogado Gregorio Dalbón aseguró que no hay «ninguna prueba» contra Cristina Fernández de Kirchner.

En No Corras por FM 97 Une, Dalbón destacó que “los antecedentes que tenemos son buenos”, porque si bien “a Cristina Fernández de Kirchner la han puesto en todas las causas como jefa de una asociación ilícita, todas se cayeron por la inexistencia de delito”. Al mismo tiempo calificó de “abrumadora la violencia política que se ha ejercido sobre la Vicepresidenta ” y recalcó que aun así “no han podido con ella”.

Por otro lado, Dalbón consideró que como Cristina “intentó democratizar el Poder Judicial, éste buscó castigarla a través de Bonadío y de causas inventadas por legisladores opositores que buscaban un lugar en la tapa de un diario”. Respecto al alegato del fiscal, Dalbón fue contundente al señalar que “éste se basó en el sentido común” porque “no hay ninguna prueba” y agregó que “el sentido común es el peor de los sentidos para los juristas, que deben trabajar con pruebas, sentido jurídico y doctrina”.

Por último, Dalbón se aventuró sobre el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner y advirtió que quienes están “tratando de proscribir” a la vicepresidenta «se van a quedar con las ganas” porque “para proscribir a Cristina hay que cortarle la lengua y esa pena no está en el Código Penal”. En ese sentido concluyó que «fue una excelente Presidenta, se fue aplaudida por toda una plaza, cuando la arrinconó el macrismo y decían ‘no vuelven más’, creó Unidad Ciudadana, y volvió al Congreso. Allí armó el Frente de Todos y le ganó a un gobierno neoliberal. Cristina sólo necesita un teléfono y la lengua”.

«Recordemos que no hay lawfare sin diarios y periodismo golpista», destacó Dalbón y agregó: «El partido es entre este tribunal inescrupuloso, un fiscal busca fama, y los medios macristas». El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19. Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».

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