La Papa

El Papa prohíbe a los empleados del Vaticano recibir regalos de más de 40 euros

Francisco promulgó una ley para combatir la corrupción en la Santa Sede, que entre otras cosas veta a los cardenales invertir en paraísos fiscales.

En otro esfuerzo para combatir la corrupción en el Vaticano, el papa Francisco aprobó este jueves un decreto con nuevas obligaciones para los directivos y administradores de la Santa Sede -entre ellos, los cardenales-, desde la prohibición a tener activos en paraísos fiscales hasta a aceptar regalos con un valor superior a 40 euros.

Esta última normativa no sólo afecta a los cardenales y directivos, sino también al resto de empleados de la Ciudad del Vaticano, la Curia Vaticana y los organismos afines, para obsequios relacionados con su posición. Aunque esto puede estar sujeto a varias interpretaciones, la prohibición está claramente enfocada a acabar con la costumbre de que los altos cargos del Vaticano reciban ostentosos regalos de ricos benefactores u otros clérigos. Es una práctica que provocó grandes escándalos, como cuando se supo que el excardenal Theodore Mc Carrick, defenestrado por abuso sexual a menores, enviaba regularmente cheques a personal en el Vaticano.

Nuevo requisito

Todos los directivos de la Curia deberán firmar una declaración cada dos años.

No es la primera vez que Francisco apunta a la corrupción en la Iglesia católica, que considera “una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio”. En mayo del año pasado ya endureció las reglas para contratar a los empleados, y ahora se fija en los máximos niveles de la Curia Romana, tanto religiosos como laicos.

Los cardenales, a quien recientemente bajó un 10% del sueldo, parecen ser los principales señalados, pero también se incluyen todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (desde los jefes de dicasterios a vicedirectores con contratos directivos de cinco años) y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.

Todos ellos deberán firmar una declaración en el momento de ser contratados -y después, cada dos años- en que aseguren que no están sujetos a procedimientos penales pendientes o están siendo investigados por participar en una organización criminal, corrupción, evasión fiscal, blanqueo de capitales, terrorismo, explotación de menores o tráfico de seres humanos.

Tampoco podrán tener propiedades o remuneraciones que procedan de actividades ilícitas. Deberán suscribir que no tienen condenas firmes, no se han beneficiado de indultos y no han sido absueltos por prescripción. Además de prohibir la inversión en paraísos fiscales, también queda vetado hacerlo en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica. Hace unos días la Rai descubrió que el APSA, el organismo que se ocupa de la gestión del patrimonio de la Santa Sede, había invertido en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después.

La ruinosa compraventa de Londres

El Pontífice reacciona a los recientes escándalos económicos

Estas nuevas reglas forman parte de la purga del Pontífice después de los recientes escándalos económicos que han hecho temblar al Vaticano y que acabaron con el castigo ejemplar a un cardenal italiano, Angelo Becciu. Recientes investigaciones han descubierto que la Santa Sede contrató a intermediarios financieros como Gianluigi Torzi, acusado de haber engañado en la compraventa de un inmueble de lujo en Londres que dejó un agujero ruinoso de casi 400 millones de euros en las arcas vaticanas. 

“La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes”, escribe el Papa en el Motu Propio, un documento pontificio de carácter legal en el que subraya que quiere que estas reglas eviten “conflictos de interés, los métodos del clientelismo y la corrupción en general”.  En caso de declaraciones falsas, la Santa Sede podrá despedir a los empleados que las suscriban.

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